Madrid
El Banco de España está cobrando al Estado por el dinero que le guarda. Y no sólo eso. También está repercutiendo esos intereses negativos a los remanentes del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Obligado por ley, el Tesoro debe mantener su colchón de liquidez en un depósito del Banco de España. Y lo mismo ocurre con los fondos de la hucha de las pensiones que no estén invertidos en bonos. Hasta mitad de 2014, esos depósitos generaban retribuciones. Pero ahora la institución dirigida por Linde explica que tiene que seguir las orientaciones del BCE y que, por lo tanto, cobra un 0,4% por todos los saldos.
Cuando las entidades financieras tienen en sus manos un excedente de liquidez, suelen dejarlo depositado en el Banco Central Europeo para no tener que cargar con los altos costes de almacenarlo físicamente. Sólo que el BCE intenta que los bancos presten más dinero, así que en estos momentos los está penalizando con un tipo negativo del 0,4% por ingresar el dinero en sus cuentas. Al igual que sucede con las entidades, la institución presidida por Mario Draghi estableció en junio de 2014 que los saldos que tengan las Administraciones Públicas en el eurosistema también paguen un interés negativo siempre que traspasen la cifra del 0,04% del PIB o los 200 millones de euros. En el caso del Estado español, el tipo negativo se fija a partir del umbral del 0,04%, equivalente a unos 400 millones de euros. Por encima de esa cantidad, el Banco de España está imponiendo un interés a los saldos que deposita el Estado. Y ese dinero de la penalización acaba contabilizado dentro del balance del BCE.
“El Banco de España tan sólo está trasladando las políticas del eurosistema del que forma parte. Es algo que hacen todos los bancos centrales de la zona euro. Y en la actualidad se aplica el tipo de la facilidad de depósito que ahora mismo se sitúa en el 0,4%”, explica un portavoz del organismo supervisor sito en Cibeles.
A fecha de junio, según los datos oficiales, el Tesoro mantenía 20.243 millones de euros en las cuentas del Banco de España. Con un interés anualizado del 0,4%, un cálculo aproximado arrojaría que el Estado está pagando unos 80 millones al año. Sin embargo, esta cantidad ingresada en el Banco de España ha ido oscilando mucho según las necesidades de liquidez y el calendario de vencimientos de deuda. En abril, el dinero en la cuenta alcanzó los 51.028 millones de euros, y en enero se registraron 39.837 millones. De modo que estos guarismos pueden variar bastante. Ni el Ministerio de Economía ni el Banco de España han facilitado los datos de cuánto se ha abonado en intereses. Así que, tomando los máximos y los mínimos anotados en la cuenta del Banco de España, la horquilla podría establecerse entre los 60 y los 200 millones al año desde junio de 2014.
Otro tanto sucede con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El sistema de pagos de la nómina de las pensiones tiene un acuerdo suscrito con el Banco Popular que le retribuye algo por la liquidez que genera. Sin embargo, ése no es el caso del Fondo de Reserva, que está atado por la legislación y tiene que dejar cualquier resto de liquidez en una cuenta del Banco de España. De ordinario, el Fondo tiene el dinero invertido en bonos buscando la mayor rentabilidad. Es más, ha conseguido rendimientos altos a fuerza de invertir en deuda española cuando la prima de riesgo estaba disparada. “Hoy, la estrategia de inversión está precisamente diseñada para protegerse de los tipos negativos”, subrayan fuentes del Ministerio de Empleo.
Sin embargo, entre los vencimientos y las nuevas compras de deuda suelen quedar pequeños montantes sin colocar que se depositan en las arcas del Banco de España. Aunque este asunto no se ha tratado de manera oficial en el Comité de Seguimiento del Fondo de Reserva, algunas fuentes reconocen que se han dado conversaciones entre representantes de los sindicatos y técnicos de la Administración para ver si se podían mover esos fondos a otros destinos fuera del Banco de España. Pero nada ha cuajado porque se antoja complicado cambiar la ley para unas cantidades que no son muy elevadas en relación con las magnitudes que se manejan en la hucha de las pensiones.
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